Apenas una semana después de una importante victoria jurídica contra los detractores del ITF, al rechazar la Corte de Justicia Europea el recurso presentado por el gobierno británico contra la aplicación del impuesto sobre las transacciones financieras, los ministros de los 11 Estados que se han comprometido a aplicar el ITF nos anuncian una propuesta totalmente diluida y que tampoco entrará en vigor el año próximo.
Tras dos años de demoras y renuncias a un desarrollo efectivo de la Directiva de la CE para la implantación de impuesto sobre las transacciones financieras (ITF), en la reunión celebrada por el ECOFIN el 6 de mayo de 2014, los 11 Estados miembros que participan en la cooperación reforzada han acordado poner en marcha un proceso de implantación progresiva del ITF que deberá iniciar su andadura el 1 de enero de 2016.
Para la Plataforma ITF YA (www.itfya.org) el contenido de este acuerdo es claramente insuficiente dado que el ITF se aplicará exclusivamente en esta primera fase a las acciones y a “algunos” derivados, sin precisar cuales serán éstos, ni tampoco el tipo impositivo a aplicar. La ambigüedad de lo acordado es tal que no se fija el principio de aplicación del impuesto, lo que nos lleva a temer que se está contemplando el abandono del principio de residencia, que sí recogía originalmente la Directiva de la CE a fin de evitar la evasión fiscal. El principio de residencia obligaría a cualquier banco de los países que aplican el ITF y que pretendiese eludir el impuesto a trasladar su sede social a Londres y a no realizar transacciones financieras con los que mantienen su sede en alguno de estos 11 países, garantizando con ello una evasión fiscal muy escasa.
No aplicar el ITF a todos los derivados, tal y como estaba previsto en la Directiva de la CE, supone, por su parte, permitir y alentar la utilización de los instrumentos financieros más especulativos y por tanto más peligrosos en el funcionamiento de las finanzas internacionales. Los grandes lobbys bancarios parece que han conseguido su objetivo en este primer asalto de la implantación del ITF en Europa: devaluar y retrasar un IVA a las finanzas que de forma manifiesta está exigiendo desde hace años la mayoría de la ciudadanía europea.
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